Mi gobierno simpático

Por: Enrique Soldevilla

El primer deber de un gobierno es ser simpático. Nótese que digo de un gobierno y no de un gobernante, pues aunque se trate de un líder carismático y portador de un excelente sentido del humor, su actuación política genuinamente simpática dependerá del sustrato filosófico y de la cultura organizacional del Estado al que representa.
Ejercer la función administrativa de los asuntos del Estado puede llegar a convertirse en un desempeño simpático ante la opinión pública si el liderazgo demuestra voluntad de propiciar el bien común. Porque ser un gobierno simpático resulta de la actitud de compromiso político con la ciudadanía.
El discurso de un gobierno simpático habla del desarrollo del individuo y de la familia, no del de grupos de poder ni del propio Estado. Las creencias sobre la necesidad de un Estado “fuerte” hoy son inoperantes si no se concibe que la fortaleza del Estado contemporáneo viene dada por su capacidad de satisfacer las necesidades básicas del individuo, entre las cuales está la necesidad de libertad. ¿De qué sirve informarnos de que el Estado es “fuerte”, que la “macroeconomía” tiene estabilidad, cuando ese supuesto “logro estadístico” no se traduce en la mesa de una familia ni en la calidad de vida de los individuos?
Un gobierno es simpático si el sistema socioeconómico en que se apoya lo es; cuando su gestión política transcurre a través de un sistema institucional armónico y democrático basado en la ética, en el respeto a la ley, en la transparencia, en la tolerancia de opiniones divergentes y en el altruismo; cuando desde esa institucionalidad el Estado (lo permanente) controla, fiscaliza y vigila al gobierno (lo temporal y cambiante), obligándolo a que su función administrativa del poder sea congruente con los ideales que el sistema socioeconómico persigue.
A la vez, un sistema socioeconómico es simpático cuando los ciudadanos perciben en la praxis gubernamental una sincera voluntad política de crear las bases para el desarrollo sustentable de la nación en una perspectiva a largo plazo; cuando evita la inequidad distributiva que conduce a polarizar la riqueza y la pobreza en extremos insostenibles; cuando ejecuta una inversión social más allá de lo simbólico-político con fines electorales. En suma, cuando establece políticas públicas dirigidas a encauzar un progreso tangible que beneficie al individuo, hombre o mujer, cuya existencia es efímera en términos temporales y por tanto aspira a materializar sus necesidades básicas durante su fugaz paso por la vida.
En mi gobierno imaginario, que algunos podrán tildar de idealista, empecé proponiendo un primer acto simpático: eliminar del presupuesto anual del Estado el subsidio a partidos y movimientos políticos y prohibir que el sector privado contribuya en modo alguno al sustento financiero de los partidos. Por último, se declaró en la constitución que el eje de la vida nacional es la actividad económica y no la sistemática actuación política.
El impacto de estas medidas provocó un sentimiento de beneficio social porque el Estado no se vería impulsado a estrangular a la gente con impuestos irracionales para pagar a clientes políticos y, al mismo tiempo, las partidas presupuestarias que antes se tragaban los partidos ahora se destinarán a la educación, a la salud, al fomento del micro crédito comunitario para que sus habitantes creen la infraestructura básica en sus respectivas localidades. De este modo el concepto de responsabilidad social corporativa, por ley, estaría desde entonces enfocado en las inversiones productivas, fomentadoras de empleos reales y en la creación de infraestructuras locales, dejando atrás el populismo de donativos circunstanciales y simbólicos.
En países de economía abierta, dependientes de las importaciones, el beneficio sería igualmente tangible, porque al suprimir la voracidad fiscal para sufragar la dinámica clientelista, los aranceles se reducirían a niveles mínimos razonables, a fin de evitar procesos inflacionarios que perjudican siempre con mayor rigor a los sectores de menores ingresos.
Es oportuno aclarar que un gobierno simpático no trabaja bajo el enfoque populista de “darle al pueblo” para garantizar voto electoral (otra forma de clientelismo), sino que se basa en un nuevo pacto social mediante el cual el Estado deja de ser asistencialista y proveedor. Se rescata así su función de entidad reguladora de la convivencia ciudadana, además de creador del marco jurídico – económico que incentiva la producción de riqueza y procura la equidad de su distribución.
Sin dudas habrá aceptación si la gente percibe a su gobierno como simpático porque entiende que está estructuralmente enfocado en facilitar el bien común. En este aspecto la institucionalidad emanada de la ley, y el respeto a ésta, constituye un factor crucial para la percepción de simpatía; de lo contrario, en palabras de Fernando Henrique Cardoso, aparece “el riesgo de que la democracia se vuelva populismo; populismo es cuando el líder menosprecia la institución y va directamente a la base”.
Por otra parte, un gobierno simpático demuestra ser tal cuando en lo político facilita la democracia participativa, generadora de un sentimiento de utilidad social y de pertenencia a una nación en la que su gente vive convencida de que no necesita emigrar porque su país, a fuerza de cultura y de altruismo político, se convirtió en una potencia simpática mundial, algo muy cercano a la abstracción que solemos llamar felicidad.

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